SEGURANÇA PRIVADA EM ESPANHA CONTRA CRIMINOSOS NORTE-AFRICANOS QUE ATACAM COMBOIOS

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Grupos Operativos de Protección. Sus miembros son una especie de unidades de élite de seguridad privada que patrullan armados y a los que Renfe emplea para vigilar las zonas más conflictivas de la red de Cercanías.
Por ley, estos vigilantes sólo pueden llevar armas si lo autoriza la delegación del Gobierno. Según cartas remitidas a 20 minutos, algunos usuarios los acusan de ejercer "demasiada violencia".
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Renfe contrató este servicio hace unos ocho años bajo la directriz de "actuar con contundencia". Entonces eran una treintena los empleados de este operativo especial. Hoy son más de un centenar que se distribuyen en unos 30 grupos de cuatro personas cada uno y que van armados. La media de edad oscila entre los 25 y los 35 años.
Las empresas de seguridad prestatarias del servicio (Segur Ibérica y LPM) no han querido pronunciarse y Renfe no reconoce su existencia. Según dicen fuentes de la compañía ferroviaria, la única motivación de la empresa "es garantizar la seguridad de los usuarios".
Móstoles-El Soto, Parla, Puente Alcocer, Getafe Central, Villaverde, Las Margaritas... son algunas de las estaciones de la C-4 y la C-5 de Cercanías donde puede verse al operativo y que pasan por ser las "zonas calientes" de la red.
Éstas y el área de la sierra norte de Madrid, especialmente Cercedilla, donde Renfe exige desde febrero exige la presencia de "plantones", personal en labores de vigilancia permanente de vías y playas (lugares donde están los convoyes inutilizados y muy del gusto de los grafiteros) y a lo que se dedican el 50% de los grupos operativos.
"La gente no lo sabe, pero se están asaltando trenes completos a los que acceden hasta 30 magrebíes a la vez, que cuelgan piedras de los puentes para lanzarlas sobre la cabina, que intervenimos catanas, ballestas, puñales...", explican.
Por su parte, desde la Federación de Seguridad Privada de CC OO hacen hincapié en que "los vigilantes de seguridad están bien preparados" y que "no se puede estigmatizar" a un sector profesional de 27.000 personas en la región por "lo que puedan hacer dos o tres personas" del colectivo.